“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad.”
SÉNECA
Este artículo propone un marco de reflexión para evaluar concretamente la relatividad cultural de las concepciones éticas.
Un texto fundador de la civilización jurídica occidental es, sin duda, Antígona de Sófocles. Esta tragedia es absolutamente actual en el México de hoy. Creonte representa la imagen de una ley abstracta, impersonal y neutral. Antígona expresa principios de justicia que justifican violar los bandos de Creonte para rendir honores fúnebres a su hermano, a pesar de que éste había caído como traidor alzando las armas contra su propia patria. Desde entonces existe en la cultura jurídica la oposición entre lex y ius. El ius de Antígona es un derecho profundo y estable basado en vínculos sociales que se enfrenta a la lex artificial del Estado, lex mudable e interesada, personificada en Creonte. El resultado de la tragedia fue la muerte física para Antígona y la deslegitimación total para Creonte rechazado por sus conciudadanos y repudiado en su propia casa.
La humildad en política es importante, pero esto es algo que a Andrés Manuel y a Calderón se les ha olvidado. El parecer de la ciudadanía se expresa en las urnas al cruzar las boletas y así seleccionar a los gobernantes en turno. Son las elecciones una combinación afortunada de legalidad y de legitimidad. Sin embargo, la expresión de una sin la otra nos coloca en el camino del conflicto y la tensión. Bien decía el escritor francés, Sebastien Roch Chamfort: "Es más fácil legalizar ciertas cosas que legitimarlas".
La confrontación, además de ideológica, parte de interpretaciones radicalmente opuestas de legalidad y legitimidad.
La legalidad es un valor supremo, pero no absoluto; es relativo y dinámico y va adaptándose a los cambios de la realidad y en ocasiones sirve de palanca jurídica para modificar la historia. Su utilización es dúctil porque depende de la posición que se ocupa en el cuerpo social. Los gobernantes la usan para justificar sus acciones, por más injustas y cuestionables que sean. Se han dado muchos casos en la historia universal.
La legitimidad de un gobierno depende del consenso de los gobernados que van evaluando, desde la pluralidad, si tal o cual concepto se apega a los criterios prevalecientes sobre lo justo, sobre lo legítimo. México también ha experimentado los ires y venires de esa utilización desigual, contradictoria o armónica, de la legalidad y la legitimidad. Solo tenemos que tener un poco de memoria con gobiernos recientes.
En el alud de opiniones sobre qué hacer con las elecciones hay un sector, bastante amplio por cierto, que invoca la legalidad para rechazar el recuento voto por voto. Esto último, debe reconocerse, es bastante común entre quienes gobiernan. En el momento actual las posiciones son irreconciliables. Existe el riesgo del conflicto y la violencia sociales y sería irresponsable minimizar los síntomas de la descomposición. Es normal que así sea porque está en juego el poder, el choque de ideologías encontradas y las visiones contrastantes de lo justo y lo legal.
Estoy entre los que favorecen el recuento independientemente de quien termine siendo elegido. Parto de dudas razonables y legítimas sobre la calidad del proceso electoral, de que el conteo de votos es una forma de superar el encono y ponerle contenciones al enfrentamiento y de que, siendo realistas, el día de hoy es la vía más razonable para conciliar lo legal con lo legítimo.
La negociación entre los partidos políticos y el Estado fue labrando un modelo cada vez mejor de ley electoral hasta llegar al nivel actual, considerándose al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como un ordenamiento que además de representar las convicciones de los mexicanos, refleja la evolución histórica de las instituciones electorales y de los procesos políticos en México.
México cuenta con dos instituciones sólidas y legitimadas en su actuación, responsables de organizar las elecciones y resolver las controversias jurídicas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales deben forjar los paradigmas de ética y legalidad.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una tarea gigantesca porque calificará la elección del presente escoltada por una legión de espectros del pasado. Este país ha sido el campeón de la antidemocracia solo basta hacer un poco de historia. Hay que respaldar a este tribunal aunque reservándose el derecho a opinar sobre los fallos que emita. Los cheques en blanco son propios de regímenes poco democráticos.
La democracia necesita de demócratas. La democracia exige el compromiso de todos sus actores con la eticidad, ya que los antivalores como la apatía, la opacidad, la corrupción, la intolerancia y la inmoralidad son incompatibles con el régimen democrático. Conduzcámonos con sentido legal y ético, sin admitir conductas contrarias, para que nuestra democracia principiante crezca en contenidos, compromisos y por tanto en eficacia.
